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1. La cláusula de paz y los datos correspondientes a 1992

La Argentina sigui?instando a la UE a que facilitara datos sobre sus ayudas en forma de pagos directos concedidas en 1992 a determinados cereales en el marco de programas que también limitaban la producción (denominados programas del ”compartimento azul?. La UE respondi?que no se disponía de un desglose por cereales debido a que los pagos se efectuaron sobre la base de superficies y rendimientos fijos. Ahora bien, la UE facilit?algunas cifras unitarias que, según dijo, demostraban que los precios garantizados habían disminuido sin haberse compensado del todo con los pagos directos.

La UE adujo por otra parte que en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura y con arreglo a los procedimientos de trabajo del Comit? no se exigía la notificación de las cifras correspondientes a 1992. La UE dijo que sería más adecuado abordar esa cuestión en el marco de las actuales negociaciones sobre la agricultura (las “reuniones extraordinarias?del Comit?de Agricultura) que en el punto del orden del día de las reuniones ordinarias del Comit?que trataba de los trabajos del Comit?en relación con la supervisión de la aplicación por los Miembros de sus compromisos en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura que entr?en vigor en 1995.

La Argentina dijo que se reservaba el derecho a plantear de nuevo esta cuestión en el Comit?de Agricultura y que estaba estudiando nuevas posibles medidas.

Esta cuestión se plantea a raíz de las disposiciones de debida moderación del artículo 13, es decir, la “cláusula de paz? que limita los derechos de los Miembros a adoptar medidas respecto de las subvenciones de otros Miembros, siempre que esas subvenciones se mantengan dentro de los niveles de compromiso. Según una disposición del artículo 13, la cláusula de paz se aplica (por ejemplo en el marco del Acuerdo sobre Subvenciones) siempre que las ayudas a la agricultura no excedan de los niveles de 1992 (“… a condición de que no otorguen ayuda a un producto básico específico por encima de la decidida durante la campaña de comercialización de 1992?.

Este debate fue una continuación del celebrado en la reunión ordinaria del Comit?de Agricultura del mes de marzo. Otros oradores que hicieron uso de la palabra en la reunión de junio fueron los representantes del Uruguay, el Brasil, Chile, el Paraguay, Australia, Nueva Zelandia, el Canad?y los Estados Unidos.

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2. Aplicación: Proyecto de fondo para los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios

Este asunto forma parte del debate actual sobre la aplicación de los Acuerdos de la OMC existentes.

En diciembre de 2000, el Consejo General encomend?al Comit?de Agricultura que examinara los problemas a que podrían hacer frente los países en desarrollo importadores de productos alimenticios como resultado del actual Acuerdo sobre la Agricultura. En concreto, se pidi?al Comit?que examinara la forma de mejorar la eficacia de la aplicación de la “Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios?adoptada en la Conferencia Ministerial de Marrakech.

En el momento de la negociación, algunos Miembros consideraron que un efecto negativo sería el aumento de los precios de los alimentos como resultado de la reducción de las subvenciones con arreglo al Acuerdo sobre la Agricultura.

El Vicepresidente Yoichi Suzuki, que preside las reuniones ordinarias del Comit? ha identificado tres cuestiones que se han planteado en los debates que han tenido lugar desde entonces, a saber, un proyecto de fondo de seguridad alimentaria, la ayuda alimentaria y la asistencia técnica y financiera para mejorar la productividad e infraestructura del sector agrícola.

Côte d'Ivoire, Cuba, Egipto, Honduras, Jamaica, Kenya, Marruecos, Mauricio, el Pakistán, el Per? la República Dominicana, Santa Lucía, el Senegal, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Túnez y Venezuela han propuesto la creación de un servicio de financiación alimentaria de aproximadamente 1.400 millones de dólares. Este fondo, destinado exclusivamente a la aplicación de la Decisión de Marrakech, ofrecería una red de seguridad a corto plazo a los países importadores que hacen frente a dificultades a corto plazo para financiar las necesidades comerciales normales para la adquisición de productos alimenticios básicos. Este proyecto de fondo sería administrado conjuntamente por la OMC, el Banco Mundial, el FMI y los países donantes, as?como por los beneficiarios de los préstamos.

En una mesa redonda celebrada el 18 de junio, los Miembros examinaron informalmente esta cuestión con representantes del Banco Mundial, el FMI y la FAO.

En la reunión del Comit?celebrada los días 28 y 29 de junio, Egipto hizo hincapi?en que el fondo funcionaría con criterios comerciales (los beneficiarios pagarían intereses y reembolsarían los préstamos) y que no tendría por finalidad demorar las reformas en los países en cuestión. Al contrario, Egipto dijo que el fondo aumentaría la confianza de esos países para llevar a cabo el ajuste necesario, ya que sabrían que podrían recurrir a esta ayuda si su seguridad alimentaria se viese amenazada. Hicieron uso de la palabra para defender este proyecto casi todos los países que habían hecho la propuesta, as?como la India y Nigeria.

Egipto dijo que la solución satisfactoria de las cuestiones de aplicación, al igual que la Decisión relativa a los países menos adelantados y a los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios, podría alentar a los países en desarrollo a participar sin reservas en las negociaciones sobre la agricultura.

Nueva Zelandia, la UE, el Canad? los Estados Unidos, Suiza y Noruega dijeron que estaban dispuestos a proseguir el examen de la cuestión, si bien no estaban convencidos por el momento de que la creación de un nuevo fondo fuera adecuada. Algunos países dijeron que la financiación debía seguir a cargo de las instituciones del Bretton Woods existentes. Algunos oradores adujeron asimismo que la OMC, en su calidad de organización basada en normas, no debía participar en la administración de ningún tipo de fondo.

La Argentina puso en tela de juicio las afirmaciones hechas por el Pakistán, Sri Lanka y otros países en el sentido de que la actual reforma era la causa de que las facturas de importación de alimentos fueran más elevadas en los países importadores netos de productos alimenticios y países menos adelantados, habida cuenta en especial de que los precios mundiales habían disminuido en general desde 1995-96.

El Vicepresidente rendir?informe al Consejo General y celebrar?nuevas consultas en julio.

También rendir?informe sobre otras dos cuestiones relativas a la “aplicación? a saber, la elaboración de disciplinas sobre los créditos a la exportación de productos agropecuarios (párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura) y la mejora de la transparencia y la equidad en la administración de los contingentes arancelarios.

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3. Notificaciones y examen

El Comit?tenía ante s?para su examen 69 notificaciones. Se había presentado otra notificación adicional -sobre las ayudas internas de los Estados Unidos en 1998-, si bien era demasiado reciente para que los Miembros pudieran examinarla detenidamente. Sin embargo, Nueva Zelandia y Australia dijeron que deseaban felicitar a los Estados Unidos por incluir los préstamos de comercialización y los pagos de urgencia dentro del “compartimento ámbar?(es decir, las ayudas internas que influyen en los precios y en la producción y han de reducirse o mantenerse en niveles mínimos especificados).

 

La próxima reunión ordinaria se celebrar?el 27 de septiembre de 2001. (Las próximas reuniones de negociación se celebrarán del 23 al 27 de julio.)