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AGCS: REALIDAD Y FICCI覰
Malentendidos y cuentos de terror:

El derecho a reglamentar


Las propuestas se anuncian en el sitio Web de la OMC.

 

En una columna del Canadian National Post bajo el t韙ulo "Liquidando los intereses p鷅licos" del 26 de junio de 2000, el Sr. Murray Dobbin pretendi?que las negociaciones en el marco del AGCS "pueden abolir la reglamentaci髇" destinada a proteger las normas de salud y otros intereses p鷅licos. En sus comentarios sobre una tragedia reciente que entra耋 el suministro de agua contaminada, aleg?que, aun cuando cab韆 esperar que la investigaci髇 posterior conducir韆 al restablecimiento de normas elevadas de protecci髇 de la salud y de servicio p鷅lico, la expansi髇 del AGCS "podr韆 determinar que la vuelta a 閜ocas m醩 sanas resultara cualquier cosa menos imposible". "Est醤 en juego cuestiones tan diversas como el grado de rigidez de las normas que aplicamos a los hospitales ... y el tratamiento y puesta a prueba del agua potable."

Dejando de lado el hecho de que ni el Canad?ni ning鷑 otro gobierno ha asumido compromisos con respecto a la distribuci髇 del agua, que los proveedores extranjeros en el Canad?tendr醤 que satisfacer las mismas normas que las empresas canadienses, que el derecho a regular y a introducir nuevas normas reglamentarias est?expl韈itamente garantizado en el AGCS y que el AGCS no tiene facultades para abolir la reglamentaci髇 , no es cierto que cualquier disposici髇 del AGCS dificultar韆 el "restablecimiento de normas elevadas de protecci髇 de la salud". La protecci髇 de la salud est? expl韈itamente reconocida en el AGCS como una preocupaci髇 pol韙ica de importancia destacada. El art韈ulo XIV contiene una excepci髇 general que dice que "ninguna disposici髇 del presente Acuerdo se interpretar?en el sentido de impedir que un Miembro adopte o aplique medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y de los animales o para preservar a los vegetales". Lo mismo se aplica a la seguridad. Esto significa que la necesidad de actuar para proteger la salud o la seguridad dar?a un gobierno la facultad de violar cualquier otra disposici髇 del AGCS, con inclusi髇 de sus propios compromisos de acceso al mercado.

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