En un libro del Centro Canadiense de Alternativas Políticas titulado "AGCS: ¿de qu?manera las nuevas negociaciones de la OMC sobre los servicios amenazan a la democracia?, se alega que las disposiciones del AGCS sobre la reglamentación nacional representan una de las mayores "amenazas peligrosas para la adopción de decisiones democrát(y¨©)icas" del Acuerdo. El libro pretende que "los gobiernos se verán obligados a demostrar, en primer lugar, que las reglamentaciones no discriminatorias eran necesarias para lograr un objetivo legítimo sancionado por la OMC y, en segundo lugar, que era posible una medida alternativa menos restrictiva del comercio". Como hemos dicho anteriormente, las únicas circunstancias en las que cualquier Miembro estaría obligado a justificar una reglamentación interna sería la solución de diferencias, cuando una medida concreta ha sido impugnada por otro gobierno.

Todas las preocupaciones manifestadas acerca de la "desregulación" de los servicios resultante del AGCS o acerca de las amenazas contra las normas de salud y seguridad reducen la posibilidad de que una medida considerada discriminatoria o innecesariamente restrictiva pueda ser impugnada en la solución de una diferencia. En los primeros seis años de existencia del AGCS (en febrero de 2001) no ha habido ningún caso de solución de diferencias basado primordialmente en los servicios, aunque tres casos que se ocupaban esencialmente del comercio de mercancías en el marco del GATT tenían importantes elementos del AGCS. No ha habido ninguna impugnación de ninguna medida de reglamentación interna con arreglo al AGCS. No obstante, en el futuro es posible que surjan casos. Mas ¿se puede describir esta situación como un ataque contra la democracia?

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