A cualquier país le resulta imposible en la actualidad prosperar con la carga de una infraestructura de servicios ineficiente y cara. Los productores y exportadores de tejidos, tomates o cualquier otro producto no serán competitivos si no tienen acceso a unos sistemas bancarios, de seguros, contables, de telecomunicaciones y de transporte eficientes. En los mercados en los que el suministro es insuficiente, las importaciones de servicios esenciales pueden ser tan trascendentales como las importaciones de productos básicos. Las ventajas de la liberalización de los servicios van más all?que las propias ramas de prestación de servicios; sus efectos se hacen sentir en todas las actividades económicas.

La producción y distribución de servicios, al igual que cualquier otra actividad económica, est?destinada en última instancia a satisfacer la demanda individual y las necesidades sociales. Este último elemento –las necesidades sociales?es particularmente importante en sectores como la salud o la educación que en muchos países, por no decir en todos, son consideradas como una responsabilidad estatal esencial. Están sometidos a una estricta reglamentación, supervisión y control. Aunque los conceptos de la política social, con inclusión de la equidad y el acceso universal, no suponen forzosamente que los gobiernos actúan también como productores, las empresas de servicios públicos han sido tradicionalmente, y siguen siendo, los principales proveedores de servicios como los de salud y educación en la mayoría de los países.

En 1999 el valor del comercio transfronterizo de servicios ascendi?a 1.350.000 millones de dólares EE.UU., lo que equivale a aproximadamente el 20 por ciento del comercio transfronterizo total. Esta cifra subestima la dimensión real del comercio internacional de servicios, gran parte del cual se lleva a cabo mediante el establecimiento en el mercado de exportación y no se registra en las estadísticas de la balanza de pagos. En los dos últimos decenios el comercio de servicios ha aumentado con mayor rapidez que el comercio de mercancías. Los países en desarrollo tienen un vivo interés en muchas esferas de servicios, entre ellas el turismo, la salud y la construcción. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el turismo es el mayor empleador del mundo y representa 1 de cada 10 trabajadores del mundo. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondientes a 1999, las exportaciones de turismo, estimadas en 443.000 millones de dólares EE.UU., equivalían al 33 por ciento de las exportaciones mundiales de servicios y al 6,5 por ciento de las exportaciones totales.

La liberalización del comercio de mercancías, promovida por medio de las negociaciones en el GATT en los últimos 50 años, ha sido uno de los principales factores del crecimiento económico y del alivio de la pobreza en la historia de la humanidad. Como resultado de la catastrófica experiencia de la primera mitad del siglo XX, los gobiernos fueron abandonando cautelosamente las políticas de nacionalismo económico y proteccionismo que habían contribuido a causar el desastre y sustituyéndolas por una cooperación económica basada en el derecho internacional. El crecimiento durante este período no fue uniformemente compartido, pero no cabe la menor duda de que los países que optaron por participar más a fondo en el sistema comercial multilateral mediante la liberalización se beneficiaron considerablemente de ello.

No hubo ningún movimiento paralelo de liberalización multilateral del comercio de los servicios hasta la negociación del AGCS y su entrada en vigor en 1995. Como el sector de los servicios es el mayor y el de más rápido crecimiento de la economía mundial, y aporta más del 60 por ciento del producto mundial y en muchos países un porcentaje aún mayor de empleo, la falta de un marco jurídico para el comercio internacional de servicios constituía una anomalía y un peligro, anomalía porque las ventajas potenciales de la liberalización de los servicios son por lo menos tan grandes como en el sector de las mercancías, y un peligro porque no existía ninguna base jurídica para resolver los intereses nacionales en conflicto.

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