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Representantes de la sociedad civil han expresado repetidamente su inquietud ante las repercusiones del AGCS en la pol韙ica. Esa inquietud gira, entre otras cosas, en torno a los efectos advertidos del Acuerdo en la capacidad de los gobiernos de regular servicios socialmente importantes y asegurar el acceso equitativo en todas las regiones y grupos de poblaci髇. Se ha dicho que el concepto de liberalizaci髇 progresiva, combinado con la comercializaci髇 de algunos servicios p鷅licos en determinados pa韘es, podr韆 desembocar en el sometimiento de actividades gubernamentales esenciales a disciplinas externas (multilaterales). Se ha afirmado tambi閚 que el Acuerdo contraviene nociones b醩icas de soberan韆 nacional, al pedir a los gobiernos que desistan de su intenci髇 de liberalizar el acceso y/o de aceptar limitaciones en los casos de subvenciones concedidas por motivos sociales. Aunque algunas de estas afirmaciones pueden ser refutadas como temores sin fundamento proclamados, por ejemplo, por intereses econ髆icos de los titulares de los sectores, la complejidad del AGCS y la ausencia, en esferas potencialmente pertinentes, de interpretaciones jur韉icas autorizadas pueden haber contribuido en cierto modo a la incertidumbre.
En respuesta, la Secretar韆 de la OMC ha preparado o colaborando en diversas publicaciones en las que se explica la estructura y funcionamiento del Acuerdo y, de paso, se desmontan mitos frecuentemente divulgados. Cabe citar aqu?un estudio especial sobre Market Access: Unfinished Business, un breve folleto sobre GATS: Fact and Fiction, y un estudio conjunto con la OMS sobre WTO Agreements & Public Health.